El presidente que prometió destruir el Estado, y lo está cumpliendo
Es irónico —por no decir cínico— que el presidente Javier Milei acuse de “perversos” a los gobernadores, mientras ejecuta un ajuste fiscal que asfixia deliberadamente a las provincias. Lo que en campaña fue una promesa incendiaria —“voy a destruir el Estado desde adentro”— hoy se traduce en decisiones concretas que afectan la vida cotidiana de millones de argentinos.
El desfinanciamiento no es una abstracción ideológica: es una política sistemática. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, las transferencias no automáticas a las provincias cayeron 67,5% en términos reales, dejando a jurisdicciones como La Rioja, Chubut y Río Negro prácticamente sin recursos. En paralelo, se desmantelaron fondos clave como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el subsidio al transporte del interior, lo que impacta directamente en educación, movilidad y servicios básicos.
️ Federalismo en crisis: gobernadores en pie de reclamo
El gobernador Axel Kicillof denunció un “ataque al federalismo” y una “ausencia total de políticas de acompañamiento”. En Salta, el diputado Germán Rallé advirtió que “nos están ahogando” y que el municipio de El Bordo recibió $12 millones menos en transferencias. En Córdoba, la diputada Natalia de la Sota habló de un “proyecto de sociedad con solo un 20% adentro”.
La lógica del ajuste libertario no distingue entre provincias productivas y vulnerables: todas sufren el recorte. Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires es la única beneficiada, gracias al cumplimiento de un fallo judicial que obliga a restituir fondos retenidos.
El Estado como enemigo: una cruzada sin matices
Milei no gobierna con vocación de construir, sino de desmantelar. El decreto 462/2025, por ejemplo, busca destruir el INTA, un organismo clave para la ciencia y la producción agropecuaria. El ministro Javier Rodríguez lo definió como “un ataque sistemático al sistema científico”.
Este modelo de gestión no contempla matices ni diálogo. Se impone con motosierra y desprecio por las consecuencias. La caída del empleo, el cierre de programas sociales, el desfinanciamiento de universidades y hospitales son parte de una misma lógica: reducir el Estado a su mínima expresión, aunque eso implique dejar a millones sin servicios esenciales.
Conclusión: ¿quiénes son los verdaderos perversos?
Acusar de “perversos” a los gobernadores mientras se les quita el oxígeno financiero no es solo una contradicción: es una forma de cinismo político. Milei no está combatiendo la corrupción ni la ineficiencia; está castigando a las provincias por no alinearse con su visión extrema del Estado.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿quién es más perverso, el que reclama recursos para sostener salud, educación y producción, o el que los retira para cumplir una fantasía ideológica?
