Un fallo judicial clave ha abierto el camino para el reajuste de haberes jubilatorios, declarando la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” del artículo 1 de la ley 27.609 de movilidad jubilatoria. Con esta medida, los jueces ordenan la actualización de los montos entre enero de 2021 y marzo de 2024, período en el cual los beneficiarios sufrieron una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 50,3%.
La decisión judicial marca un precedente en la defensa del derecho de los jubilados a mantener ingresos acordes a la inflación. Organismos y sectores afectados celebran la resolución, mientras que expertos advierten sobre su impacto en el sistema previsional y las cuentas públicas.
El reajuste busca mitigar los efectos de la crisis económica en el sector más vulnerable de la población, en un contexto de incertidumbre sobre las políticas de seguridad social. La medida ha despertado un fuerte debate sobre la sostenibilidad del sistema y la responsabilidad del Estado en la protección del poder adquisitivo de los jubilados.
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