La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) ratificó su plan de lucha y anunció dos nuevos paros de 24 horas: el primero será este miércoles 18 de marzo, y el segundo el jueves 26 de marzo. La medida, que se suma a las protestas ya realizadas, refleja la persistente tensión entre los trabajadores del sector y el gobierno provincial en torno a la recomposición salarial.
El conflicto no es nuevo, pero cada paro profundiza la sensación de que la negociación está estancada. Los judiciales reclaman aumentos que acompañen la inflación y aseguren condiciones dignas, mientras que el Ejecutivo provincial insiste en la necesidad de cuidar las cuentas públicas. En el medio, los ciudadanos enfrentan las consecuencias: trámites demorados, audiencias suspendidas y un sistema judicial que se paraliza en días clave.
La decisión de AJER de sostener el plan de lucha muestra que la paciencia se agotó. Los paros no son solo una herramienta de presión, sino también un mensaje político: los trabajadores no están dispuestos a resignar poder adquisitivo en un contexto económico cada vez más adverso. La recomposición salarial se convierte en bandera, y la calle en escenario de disputa.
El problema, sin embargo, trasciende lo salarial. La falta de diálogo fluido entre gremio y gobierno refleja una crisis más profunda: la dificultad de construir consensos en tiempos de ajuste. Cada paro es un síntoma de esa fractura, y cada jornada de protesta deja en evidencia la necesidad de una mesa de negociación seria y sostenida.
La sociedad entrerriana, que depende de un sistema judicial ágil y eficiente, observa con preocupación. Porque más allá de la legitimidad del reclamo, la parálisis del servicio afecta derechos básicos y genera un clima de incertidumbre. El desafío es encontrar un equilibrio entre la justicia para los trabajadores y la justicia para los ciudadanos.
En definitiva, los dos paros anunciados son mucho más que una medida gremial: son un recordatorio de que la crisis económica golpea todos los sectores y que la falta de respuestas concretas puede transformar la protesta en un conflicto prolongado. La recomposición salarial ya no es solo un reclamo: es una urgencia que la política no puede seguir postergando.
