La causa que involucra al abogado Carlos Reggiardo dio un nuevo giro esta semana, luego de que la Fiscalía solicitara la elevación a juicio oral por los delitos de desobediencia judicial y coacciones agravadas. El pedido fue presentado ante el juzgado correspondiente, tras considerar que existen elementos suficientes para que el letrado enfrente el proceso penal.
Según fuentes judiciales, Reggiardo habría incumplido medidas cautelares dictadas por la Justicia en el marco de una causa previa, y además se lo acusa de ejercer presiones indebidas sobre personas vinculadas al expediente. Las coacciones agravadas, por su naturaleza, implican un uso de intimidación que excede el marco legal y profesional esperado de un abogado.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que el imputado actuó con conocimiento de las restricciones impuestas y que su conducta representa una violación directa a la autoridad judicial. La desobediencia, sumada a los actos de presión, configura un cuadro que podría derivar en penas de prisión efectiva si se comprueba la responsabilidad penal.
Por su parte, la defensa de Reggiardo anticipó que se opondrá al pedido de juicio, argumentando que no se cumplieron los requisitos procesales y que las acusaciones carecen de sustento probatorio. El juez deberá resolver en los próximos días si hace lugar al requerimiento fiscal y fija fecha para el debate oral.
Este caso ha generado atención en ámbitos judiciales y políticos de Entre Ríos, no solo por el perfil del imputado, sino por el tipo de delitos que se le atribuyen, que involucran directamente el respeto a las instituciones y el ejercicio ético de la abogacía.
