La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una nueva actualización de las escalas y cuotas del Monotributo, vigente desde noviembre de 2025. Lo que se presenta como un ajuste técnico, basado en la variación del IPC, es en realidad una nueva carga sobre los hombros de más de dos millones de trabajadores independientes, feriantes, cuentapropistas y pequeños contribuyentes que sostienen la economía real.
La palabra “actualización” suena neutra, casi higiénica. Pero detrás de ella hay historias concretas: la emprendedora que vende pan casero en la feria, el electricista que factura por su cuenta, la docente que da clases particulares, el productor rural que apenas llega a fin de mes. Todos ellos verán subir su cuota mensual, mientras los servicios públicos se encarecen, los insumos aumentan y el poder adquisitivo se achica.
El Monotributo nació como un régimen simplificado, pensado para incluir y formalizar. Hoy, con cada ajuste, se convierte en una trampa que empuja a muchos a la informalidad o al abandono. ¿Qué sentido tiene pagar más si no hay contraprestación, si el Estado se retira, si los beneficios se diluyen?
ARCA no lo dice, pero el mensaje es claro: el ajuste llega también a los sectores que menos pueden resistirlo. Y lo hace sin debate, sin consulta, sin gradualidad. Mientras tanto, los bancos cierran por cuatro días, los colegios privados desregulan sus cuotas, y los trabajadores estatales se organizan para resistir una reforma laboral que amenaza derechos básicos.
En este contexto, el aumento del Monotributo no es una medida aislada. Es parte de una lógica que prioriza la recaudación sobre la inclusión, la contabilidad sobre la equidad. Y como siempre, los que pagan el precio son los que menos tienen.
Porque cuando el Estado ajusta desde abajo, no hay actualización que valga. Hay retroceso. Y hay que decirlo.
Monotributo: cuando el ajuste se disfraza de actualización
