Las declaraciones del candidato libertario Joaquín Benegas Lynch, quien propuso la privatización de la represa binacional de Salto Grande, han encendido una alarma que trasciende fronteras. Lo que comenzó como una polémica en Entre Ríos, rápidamente cruzó el río Uruguay y encontró eco en la voz del edil Sergio Milesi, del Frente Amplio del Departamento de Río Negro, quien con firmeza advirtió: “No se puede tirar cualquier cosa al voleo”.
La frase no es solo una crítica política. Es una advertencia institucional. Salto Grande no es una empresa estatal ordinaria: es un organismo binacional, fruto de acuerdos internacionales, con funciones estratégicas en la generación y distribución de energía para ambos países. Cualquier intento de modificar su administración requiere no solo consenso político, sino también respeto por los tratados vigentes y la soberanía compartida.
Desde Uruguay, Milesi recordó que ya hubo intentos de privatización en los años noventa, durante el gobierno de Menem, y que incluso se planteó una regionalización del lado argentino. Pero también subrayó que cualquier decisión sobre el futuro de Salto Grande debe pasar por el Parlamento uruguayo. No es una cuestión que pueda resolverse con una declaración de campaña ni con una visión unilateral.
En Argentina, las reacciones no tardaron en llegar. Dirigentes como Carolina Gaillard, Enrique Cresto y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, rechazaron la propuesta por considerarla una amenaza al desarrollo regional y a la soberanía energética. Desde el Sindicato de Trabajadores de Salto Grande, se recordó que la represa no solo produce energía barata y eficiente, sino que también cumple un rol esencial en la estabilidad del sistema interconectado nacional.
Privatizar Salto Grande no es solo una decisión económica. Es una definición política, jurídica y diplomática. Implica alterar el equilibrio de una estructura que ha funcionado durante décadas como ejemplo de cooperación internacional. Y hacerlo sin diálogo, sin consenso y sin respeto por los marcos legales, no solo es inviable: es irresponsable.
En tiempos donde la política parece reducirse a slogans y provocaciones, es necesario recuperar el sentido de lo público como espacio de construcción colectiva. Salto Grande no es un bien transable. Es patrimonio compartido, historia común y herramienta de desarrollo. Y como tal, merece ser defendida con seriedad, con argumentos y con respeto por quienes habitan ambas orillas del río.
“No se puede tirar cualquier cosa al voleo”: el repudio binacional a Benegas Lynch
