Una auditoría reveló que entre 2017 y 2019 desaparecieron más de $50 mil millones que debían destinarse a obras de seguridad vial en rutas nacionales. El dinero fue transferido desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Vialidad Nacional para implementar mejoras en las rutas 5, 7, 8, 22 y 34, como cartelería inteligente, tachas reflectivas y demarcación vibrosonora. Sin embargo, las obras nunca se realizaron y en algunos casos se detectaron intervenciones defectuosas o directamente inexistentes.
El informe, elaborado por la Asociación Argentina de Carreteras y respaldado por documentación oficial, señala que ninguna de las empresas contratadas ejecutó los trabajos. La sospecha es que los fondos habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de Javier Iguacel como intendente de Capitán Sarmiento.
A pesar de la gravedad del caso, la causa judicial —a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita— permanece paralizada desde hace cuatro años, sin avances significativos. El diputado Rodolfo Tailhade denunció penalmente a Iguacel y al exministro Guillermo Dietrich por presunta malversación de fondos públicos.
El escándalo pone en el centro del debate la falta de control sobre los recursos públicos y la lentitud del sistema judicial ante hechos de presunta corrupción de alto impacto.
