La designación del contador Juan Carlos Paludi como síndico fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) marca un paso importante en la conformación del nuevo organismo que reemplaza al histórico IOSPER. Pero también abre interrogantes sobre la transparencia, la representatividad y la eficacia del control institucional en un área tan sensible como la salud pública.
Paludi no es un desconocido: ya integraba la Comisión Fiscalizadora tripartita del IOSPER y fue propuesto por el bloque oficialista en el Senado. Su experiencia puede ser un activo, pero su continuidad también refleja una lógica de reciclaje político que no siempre garantiza independencia. El rol del síndico fiscalizador no es decorativo: debe auditar, controlar y alertar sobre posibles desvíos administrativos y financieros. En una obra social que maneja miles de millones de pesos y que atiende a decenas de miles de afiliados, ese control debe ser férreo, técnico y libre de presiones partidarias.
La ley de creación de OSER establece una sindicatura de dos miembros, uno propuesto por el oficialismo y otro por la oposición. Sin embargo, la segunda designación aún está pendiente, al igual que el nombramiento del vocal por AGMER en el directorio. Esta demora no es menor: sin la integración completa del órgano de control, el funcionamiento de OSER queda cojo, expuesto a decisiones unilaterales y sin contrapesos.
La salud no admite improvisaciones. La transición de IOSPER a OSER debe ser más que un cambio de siglas: debe ser una transformación profunda en la gestión, la transparencia y la participación. La ciudadanía necesita saber quién controla, cómo se controla y qué se hace con los recursos que salen de sus bolsillos.
La designación de Paludi es un primer paso. Pero el verdadero desafío será demostrar que OSER no repite los vicios del pasado, sino que inaugura una etapa de control real, participación plural y compromiso con el derecho a la salud.
