En medio de un clima de ajuste fiscal y recortes indiscriminados, el Congreso se convierte en el último refugio institucional para quienes han sido silenciados por la motosierra del Estado. Esta semana, la diputada entrerriana Blanca Osuna se sumó al reclamo nacional para que el Gobierno restituya las pensiones no contributivas por invalidez que fueron dadas de baja en medio de auditorías cuestionadas por su falta de transparencia y humanidad.
El recorte de pensiones a personas con discapacidad no es solo una medida administrativa: es una decisión política que revela una lógica de gestión que prioriza el Excel por sobre los derechos. Las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han sido denunciadas por organismos de derechos humanos, defensores del pueblo y legisladores por su carácter arbitrario, desinformado y excluyente.
Osuna, junto a otros diputados de Unión por la Patria, presentó proyectos de resolución y declaración que exigen la suspensión inmediata de las auditorías y la restitución de los beneficios. En sus fundamentos, la legisladora recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina, establece el derecho a una protección social adecuada y exige salvaguardas para evitar la vulneración de derechos.
El caso de Catamarca, donde una medida judicial ordenó la restitución de pensiones, marca un precedente alentador. Pero no alcanza. Lo que se necesita es una política nacional que reconozca que el Estado no puede retirarse de la vida de quienes más lo necesitan.
En Entre Ríos, donde miles de personas dependen de estas pensiones para sobrevivir, el reclamo de Osuna no es solo partidario: es profundamente humano. Porque cuando el ajuste llega a quienes no pueden trabajar, no estamos hablando de eficiencia. Estamos hablando de crueldad.
