Los incendios en la Patagonia se han convertido en una tragedia recurrente que desnuda tanto la fragilidad de nuestros ecosistemas como la falta de respuestas estructurales del Estado. Cada verano, miles de hectáreas arden, comunidades enteras sufren pérdidas irreparables y la biodiversidad se ve devastada.
La propuesta de la vicepresidenta Victoria Villaruel de agravar las penas por quemas intencionales apunta a un aspecto innegable: la necesidad de sancionar con mayor severidad a quienes atentan deliberadamente contra el ambiente y la vida. Sin embargo, endurecer el Código Penal no alcanza si no se acompaña de políticas preventivas, inversión en brigadas forestales, equipamiento moderno y una coordinación real y efectiva entre Nación y Provincias.
El fuego no espera debates legislativos ni discursos solemnes. La urgencia es doble: proteger la Patagonia y garantizar que las leyes se traduzcan en acciones concretas. De lo contrario, seguiremos lamentando cada año la misma tragedia, con más penas en los códigos pero con menos bosques en pie.
