El pedido de tres años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca por parte de la fiscal federal Fabiana León marca un nuevo capítulo en una causa que combina política, cultura y corrupción. El juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 7 no solo pone en tela de juicio el financiamiento de la telenovela “Mamá Corazón”, sino también el uso de fondos públicos en convenios triangulados entre el Estado y universidades nacionales durante el período kirchnerista.
La acusación sostiene que la productora de Del Boca, A+A Group, recibió más de 36 millones de pesos a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Planificación Federal —entonces a cargo de Julio De Vido— y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El mecanismo, según la fiscalía, se montó sin concurso ni compulsa de precios, y otorgó a la empresa de la actriz la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero, a pesar de que la producción fue íntegramente financiada con recursos estatales.
La fiscal León considera a Del Boca “partícipe necesaria” de una maniobra de defraudación contra la administración pública. Para De Vido, se pidió una pena de cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También se solicitó condena para el exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, y otros funcionarios involucrados, además de la restitución solidaria de 3,1 millones de dólares al Estado.
Lo que está en juego no es solo una novela inconclusa. Es el modelo de gestión cultural que se implementó durante años, donde el financiamiento estatal a través de universidades se convirtió en una vía para canalizar recursos sin los controles adecuados. La telenovela nunca fue emitida, pero el dinero fue desembolsado. Y la exclusividad comercial quedó en manos privadas, en un esquema que la fiscalía calificó como “arbitrario y leonino”.
La defensa de Del Boca sostiene que la actriz cumplió con su parte contractual y que la exhibición del contenido no dependía de ella, sino del Banco de Contenidos Audiovisuales. También argumenta que todas las rendiciones fueron presentadas en tiempo y forma, y que no hubo irregularidades en la ejecución del contrato. Sin embargo, el proceso judicial apunta a la estructura del acuerdo, no solo a su ejecución.
Este caso interpela a la política cultural en su conjunto. ¿Cómo se financian los contenidos audiovisuales en Argentina? ¿Qué controles existen sobre los convenios entre el Estado y las universidades? ¿Qué rol cumplen los artistas cuando sus productoras reciben fondos públicos? La figura de Andrea del Boca, con su trayectoria y exposición mediática, convierte este juicio en un símbolo de una época donde el arte y la política se entrelazaban en formas que hoy se revisan con lupa.
La justicia deberá determinar responsabilidades. Pero la sociedad también debe reflexionar sobre los mecanismos que permitieron que una producción financiada por todos los argentinos terminara en manos privadas, sin control ni resultado. Porque detrás de cada peso público hay una expectativa de transparencia, de servicio, de bien común. Y cuando eso se vulnera, lo que se pierde no es solo dinero: es confianza.
