Un reciente debate en la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura reveló que jueces federales utilizan autos de lujo incautados en causas de narcotráfico y crimen organizado, asignados por la Corte Suprema bajo el argumento de «mejor servicio de justicia». Sin embargo, estos vehículos acumulan multas millonarias, gastos de combustible y mantenimiento que son cubiertos con fondos públicos.
El sistema de asignación de vehículos
Desde 2018, la Corte Suprema estableció un mecanismo para repartir bienes secuestrados en causas penales, justificando que estos deben tener una finalidad de utilidad pública. En teoría, los vehículos pueden ser destinados a fuerzas de seguridad y entidades de interés público, pero en la práctica, la mayoría terminan en tribunales y juzgados.
Según el diputado Rodolfo Tailhade, miembro del Consejo de la Magistratura, actualmente hay cerca de 400 autos asignados a jueces, con una predilección por vehículos de alta gama en Comodoro Py.
Multas millonarias y gastos excesivos
Los registros muestran que algunos jueces han acumulado multas por exceso de velocidad y otras infracciones, incluso en feriados y madrugadas. Un magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal tiene multas impagas por casi 11 millones de pesos, mientras que otro suma 8 millones en infracciones.
Además, un juez de la Cámara Federal solicitó compensaciones por 1,6 millones de pesos en combustible y arreglos, alegando que los fondos que recibe no son suficientes.
Reacciones y cuestionamientos
El Consejo de la Magistratura ha comenzado a revisar el sistema de asignación de vehículos, pero hasta ahora no ha tomado medidas concretas para limitar estos privilegios. La polémica ha generado críticas sobre el uso de recursos públicos y la falta de transparencia en la administración judicial.
Conclusión
El uso de autos incautados por jueces federales ha puesto en evidencia los privilegios del Poder Judicial, con multas millonarias y gastos excesivos que son cubiertos con dinero de los contribuyentes. Mientras el debate continúa, la sociedad exige mayor control y transparencia en la gestión de estos bienes.
