El abogado Emmanuel Berta Schroder presentó un pedido de informes ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, solicitando precisiones sobre la contratación directa por vía de excepción de Claudio Omar Abaca, un bonaerense que realizará un seguimiento diario del Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
El contrato, autorizado por el Decreto 819/25, establece un pago de $20.400.000 por 12 meses, bajo el argumento de que la obra tiene una cualidad secreta, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y viabilidad de la contratación.
Cuestionamientos legales y pedido de informes
Schroder solicitó que el Tribunal de Cuentas evalúe si es legal reemplazar los contratos de obra personal por contrataciones directas, ya que la modalidad utilizada no contempla servicios de personas físicas.
El abogado fundamentó su pedido en el artículo 27 inciso c) de la Ley 5.140, que permite contrataciones directas en casos excepcionales. Sin embargo, advirtió que el decreto no especifica claramente la necesidad de confidencialidad, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.
Detalles del contrato y antecedentes
El expediente 3179303/25, que derivó en el Decreto 819/25, fue firmado por el Gobernador Rogelio Frigerio y el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. En el documento, se autoriza la contratación de Abaca, domiciliado en Claypole, Buenos Aires, para realizar un registro detallado de las actividades del ministro, incluyendo reportes previos de los lugares donde hará presencia y análisis de patrones de comportamiento del entorno.
Schroder también recordó que en noviembre de 2024, el gobierno provincial había anunciado que todas las contrataciones en la administración pública serían por concurso público, eliminando los llamados «contratos basura». Sin embargo, la contratación de Abaca parece contradecir esa política.
Conclusión
La contratación directa de Claudio Omar Abaca por $20 millones ha generado un fuerte debate en Entre Ríos, con cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso. Mientras el Tribunal de Cuentas analiza el pedido de informes, la polémica sigue creciendo en torno a la gestión de Frigerio y Roncaglia.
