Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú, generó controversia al sugerir que «habría que pensar en la pena de muerte para los narcotraficantes». Según Davico, el creciente consumo problemático y las graves consecuencias sociales del narcotráfico en la región justifican medidas extremas para combatir este flagelo.
Sin embargo, la propuesta ha sido ampliamente criticada por alejarse de las normas constitucionales de Argentina, que garantizan el derecho a la vida y prohíben la pena de muerte. Además, el país ha ratificado compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refuerzan esta postura.
La declaración de Davico refleja la frustración ante la falta de respuestas efectivas contra el narcotráfico, pero también plantea un debate ético y legal sobre los límites de las políticas públicas en la lucha contra el crimen organizado. Organizaciones sociales y expertos han señalado que la solución debe centrarse en la prevención, rehabilitación y fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en lugar de recurrir a medidas extremas.
