En la mañana de los ciudadanos por FM Top, en diálogo con Alfredo Basin, referente de la Asociación Profesional Policía de Entre Ríos, se puso en evidencia una realidad que golpea de lleno a la fuerza de seguridad provincial: diez meses con sueldos congelados, sumas en negro que no alcanzan a los retirados y salarios familiares que rozan lo absurdo, como el caso de una esposa que percibe apenas quince pesos.
El malestar es palpable. Los retirados y la tropa de suboficiales son los sectores más castigados. Un suboficial retirado apenas supera el millón de pesos en mano, después de descuentos, cifra que en un contexto inflacionario se traduce en pérdida de poder adquisitivo y en la sensación de estar “dejados de lado”. La precariedad no se limita al salario: se reclama también por el blanqueo de códigos no remunerativos, el pago de horas nocturnas, la reducción de la sobrecarga horaria y la mejora de la indumentaria.
Circula en redes sociales una convocatoria para reclamar el próximo 16 de marzo en Casa de Gobierno. La Asociación no organiza esa protesta, pero respalda el reclamo y subraya la necesidad de un canal de diálogo. La demanda es clara: un aumento del 30% mínimo, al básico, de una sola vez y no en cuotas, como ocurre con los legisladores. Los bonos en negro, como el de $25 mil, son rechazados porque no se trasladan a los retirados y perpetúan la desigualdad.
El trasfondo es político e institucional. La Policía de Entre Ríos no participa de paritarias, al no tener sindicato, y queda a merced de lo que dispongan los funcionarios. Esa exclusión del debate formal genera una sensación de desprotección y alimenta el malestar. La comparación con Santa Fe, donde los reclamos se intensifican, funciona como espejo de lo que podría ocurrir en Entre Ríos si no se atienden las demandas.
La editorial subraya que la seguridad pública no puede sostenerse sobre salarios indignos ni sobre la precarización de quienes la garantizan. El policía que patrulla, que arriesga su vida y que sostiene la tranquilidad ciudadana, necesita un reconocimiento real y no bonos en negro que excluyen a los retirados.
En definitiva, el reclamo policial es también un reclamo social: sin condiciones dignas para quienes cuidan, la seguridad se vuelve frágil y la confianza institucional se erosiona. La respuesta del Poder Ejecutivo será clave para definir si la tensión se canaliza en diálogo o si se transforma en conflicto abierto.
