La Argentina atraviesa un momento crítico en la relación entre Nación y provincias. Con conflictos locales que se multiplican, los mandatarios que colaboran con La Libertad Avanza en el Congreso reclaman más fondos, mientras que el resto busca respuestas en la Corte Suprema. El dato es contundente: no hay un solo distrito que haya recibido coparticipación positiva en lo que va del año. Durante el primer bimestre, la caída promedio fue del 6,9%, lo que sumado al descenso de la recaudación provincial obliga a los gobernadores a más ajuste o, en el mejor de los casos, a reasignación de partidas.
La situación es un verdadero “coctail explosivo”. Los voceros de distintos mandatarios, incluso cercanos al oficialismo, reconocen que el bache fiscal no se cubre con partidas extraordinarias, que además se conceden a cuentagotas y a los más amigos. Corrientes es un caso testigo: el gobernador Juan Pablo Valdés debió reemplazar a su ministro de Economía tras un escándalo por recortes salariales a docentes que llegaron hasta los 800.000 pesos. La crisis social se refleja también en la suspensión de servicios de transporte nocturno y en la falta de respuestas de Nación a los pedidos de financiamiento para infraestructura.
El Gobierno Nacional apunta a Corrientes como una de las provincias más beneficiadas por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con transferencias que superaron los 14.000 millones de pesos. Sin embargo, en la provincia –como en el resto– plantean que los ATN apenas son un paliativo frente a la caída del consumo y de la recaudación. Lo mismo ocurre en Mendoza, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Chaco, Salta, Catamarca, Chubut, Neuquén y Jujuy, todas jurisdicciones que recibieron fondos discrecionales tras acompañar a Milei en el Congreso.
La crisis golpea también a provincias grandes y productivas como Santa Fe y Córdoba. Martín Llaryora frenó pagos ministeriales y anunció recortes en la administración para redireccionar recursos a salarios y programas sociales. La recaudación provincial cayó 14 puntos y las transferencias nacionales se redujeron en casi 79.000 millones de pesos. El gobernador cordobés advierte que la prioridad es garantizar la paz social y atender las necesidades más urgentes, mientras crece la demanda en hospitales públicos.
En paralelo, gobernadores del norte apuestan a la minería como salida, promoviendo la Ley de Glaciares para habilitar emprendimientos de litio y cobre. Otros, como Maximiliano Pullaro en Santa Fe, intentan amortiguar los efectos del plan económico con beneficios impositivos y continuidad de obras públicas. Pero el gran agujero sigue siendo el déficit de las cajas previsionales, que acumula una deuda de 2 billones de pesos con la Anses.
La tensión se traslada a la Justicia. Axel Kicillof sumó una séptima demanda de Buenos Aires contra Nación en la Corte Suprema, reclamando 15,6 billones de pesos en transferencias y obras inconclusas, además de 2,2 billones por jubilaciones. El gobernador prometió coparticipar esos fondos entre los municipios bonaerenses, lo que ya generó debate legislativo.
El mapa es claro: provincias aliadas reciben ATN como paliativo, las opositoras recurren a la Corte, y todas enfrentan la misma tormenta de caída de consumo, recaudación y obra pública. En medio de la transición de la matriz económica, los gobernadores buscan sostener la paz social y evitar que la crisis derive en un colapso institucional. La pulseada por la coparticipación y los recursos discrecionales será, sin dudas, uno de los ejes centrales de la política argentina en este 2026.
