Por Ariel Sánchez
El pasado 20 de agosto, en una sesión cargada de tensión política y silencio social, la Cámara de Diputados votó la ratificación del veto presidencial al aumento de las jubilaciones mínimas. El incremento, que apenas representaba $20.000 mensuales, fue rechazado por una mayoría que prefirió alinearse con el Ejecutivo antes que con los millones de adultos mayores que sobreviven con haberes de miseria.
Entre los votos más cuestionados están los de los diputados entrerrianos Atilio Benedetti, quien votó a favor del veto, y Marcela Antola, que se abstuvo. Ambos pertenecen a un partido que históricamente se proclamó defensor de los sectores vulnerables. Hoy, sus decisiones los colocan en el centro de una tormenta ética y política.
Desde la agrupación UCR Activa Entre Ríos se presentó un pedido formal de expulsión ante el Tribunal de Ética del partido. Los acusan de haber traicionado los principios radicales y de haber abandonado a los jubilados en uno de los momentos más críticos de la historia reciente.
Pero más allá de los nombres y los cargos, lo que duele es el mensaje. ¿Qué le dice el Estado a un abuelo que trabajó toda su vida y hoy no puede pagar sus medicamentos? ¿Qué le dice a una jubilada que depende de sus hijos para comer? ¿Qué le dice a quienes construyeron este país con esfuerzo y hoy reciben indiferencia?
La política no puede seguir siendo un juego de obediencias internas. Tiene que volver a mirar a la gente. A los que no tienen voz. A los que no pueden esperar. Porque cada voto en contra de los jubilados es un voto en contra de la dignidad.
Y si los representantes no los defienden, ¿quién lo hará?
