Reclamos policiales y la deuda con la seguridad

La situación salarial de la Policía de Entre Ríos vuelve a estar en el centro del debate público. Los testimonios de referentes como Fabián Basin, de la Asociación Profesional Policía de Entre Ríos, ponen en evidencia un malestar que se arrastra desde hace meses: sueldos magros, ausencia de aumentos en los últimos diez meses y un impacto especialmente duro en dos sectores, los retirados y la tropa de suboficiales.
El dato es contundente: un suboficial retirado apenas supera el millón de pesos en mano, después de descuentos. En un contexto inflacionario, esa cifra se traduce en pérdida de poder adquisitivo y en la sensación de estar “dejados de lado”. La precariedad no se limita al salario: se reclama también por el blanqueo de códigos no remunerativos, el pago de horas nocturnas, la reducción de sobrecarga horaria y la mejora de la indumentaria.
Llega información a la redacción TOP Digital que confirma que circula una convocatoria en redes sociales para reclamar el 16 de marzo en Casa de Gobierno. Aunque la Asociación no organiza esa protesta, sí respalda el reclamo y subraya la necesidad de un canal de diálogo. La demanda es clara: un aumento del 30% mínimo, al básico, de una sola vez y no en cuotas, como ocurre con los legisladores.
El trasfondo es político e institucional. La Policía no participa de paritarias, al no tener sindicato, y queda a merced de lo que dispongan los funcionarios. Esa exclusión del debate formal genera una sensación de desprotección y alimenta el malestar. La comparación con Santa Fe, donde los reclamos se intensifican, funciona como espejo de lo que podría ocurrir en Entre Ríos si no se atienden las demandas.
La editorial busca subrayar que la seguridad pública no puede sostenerse sobre salarios indignos ni sobre la precarización de quienes la garantizan. El policía que patrulla, que arriesga su vida y que sostiene la tranquilidad ciudadana, necesita un reconocimiento real y no bonos en negro que excluyen a los retirados.
En definitiva, el reclamo policial es también un reclamo social: sin condiciones dignas para quienes cuidan, la seguridad se vuelve frágil y la confianza institucional se erosiona. La respuesta del Poder Ejecutivo será clave para definir si la tensión se canaliza en diálogo o si se transforma en conflicto abierto.