La diputada nacional Lorena Villaverde, actual candidata a senadora por La Libertad Avanza, enfrenta una creciente presión judicial y mediática por presuntos vínculos financieros y políticos con su pareja, el empresario Claudio Alberto “Lechuga” Ciccarelli. Ambos están siendo investigados por maniobras que podrían involucrar lavado de dinero, aportes irregulares a campañas electorales y conexiones con el empresario narco Federico “Fred” Machado.
Retiros en dólares y movimientos bancarios
Según fuentes judiciales, Villaverde habría realizado retiros por 1.500 dólares en efectivo y 5.000 dólares en otros valores, en fechas que coinciden con operaciones inmobiliarias en Cipolletti y gestiones vinculadas a empresas del entorno de Machado. Estos movimientos se suman a la adquisición de una propiedad valuada en 395 mil dólares, presuntamente financiada con un crédito del Banco Nación aprobado en condiciones preferenciales. La vivienda no figura en su declaración jurada, lo que ha despertado sospechas sobre el origen de los fondos.
Claudio Ciccarelli: operador minero y político
Claudio Ciccarelli, pareja de Villaverde, es un empresario con fuerte presencia en la Patagonia. Maneja una mina en el sur del país y figura como socio o prestanombre en varias firmas vinculadas a Machado, entre ellas “Eco Friendly S.A.”, dedicada al fracking en Vaca Muerta. Ciccarelli también habría facilitado vehículos y logística para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, incluyendo una camioneta blindada y un avión privado.
Su rol como operador político en la región lo posiciona como un nexo entre el mundo empresarial, la política libertaria y sectores investigados por narcotráfico. La relación con Machado —detenido y con pedido de extradición desde Estados Unidos— es directa: son primos y comparten vínculos societarios.
Antecedentes judiciales y sospechas
Villaverde fue detenida en Estados Unidos en 2002 por tenencia de cocaína en un aeropuerto de Florida. En Argentina, enfrenta una causa por fraude inmobiliario en Las Grutas. Su entorno niega irregularidades y asegura que los fondos provienen de actividades lícitas. Sin embargo, la fiscalía federal analiza si los retiros en dólares y las propiedades adquiridas están vinculados a operaciones de lavado de dinero o financiamiento ilegal de campañas.
Impacto político
La situación de Villaverde y Ciccarelli amenaza con impactar de lleno en la campaña de La Libertad Avanza. Mientras el espacio se presenta como una fuerza de renovación, las conexiones de sus candidatos con empresarios investigados por narcotráfico y maniobras financieras opacas generan preocupación en distintos sectores.
La Justicia continúa avanzando en la investigación, y no se descartan medidas cautelares, pedidos de desafuero o ampliación de las causas en curso. El caso revela una trama compleja donde se entrelazan política, negocios y delitos federales, y pone en cuestión la transparencia de quienes aspiran a ocupar cargos legislativos en el próximo período.
