El proyecto de reforma previsional presentado por el Ejecutivo entrerriano bajo el lema “restauración del equilibrio y fortalecimiento del sistema previsional” abrió un nuevo capítulo en la política provincial. La iniciativa, que declara la Emergencia Económica hasta 2027 y plantea cambios estructurales en la Caja de Jubilaciones, ya genera tensiones entre el Gobierno y los gremios.
Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, fue clara: “No significa que estemos apoyando una reforma previsional”. Su advertencia refleja la postura de un sindicato que, aunque participó en mesas de diálogo con el Gobernador y autoridades de la Caja, mantiene distancia crítica frente a un proyecto que podría redefinir derechos adquiridos.
Entre los puntos más sensibles se destacan el aporte extraordinario para salarios superiores a tres millones de pesos, la elevación de la edad jubilatoria a 65 años con 35 de aportes, y el cálculo de haberes sobre 240 meses en lugar de 120. Domínguez alertó que la técnica legislativa debe corregir posibles ambigüedades que transformen lo transitorio en permanente, y subrayó que la progresividad debe incluir una mirada de género, contemplando maternidad y cuidados familiares.
La dirigente también cuestionó la movilidad propuesta, basada en un índice salarial del escalafón general, y recordó el empobrecimiento que generó el modelo de ANSES. “No estamos dispuestos a resignar los derechos de quienes ya están jubilados ni de los trabajadores activos”, enfatizó.
El debate, que ahora se traslada a la Legislatura, promete ser intenso. UPCN prepara recorridas por departamentos para discutir con trabajadores y jubilados, convencida de que la reforma no puede resolverse entre pocos actores ni bajo presión de la coyuntura. “Hay que pensar en Entre Ríos por el conjunto y no por posiciones sectoriales”, reclamó Domínguez.
La discusión previsional expone un dilema de fondo: cómo garantizar la sostenibilidad de la Caja sin cargar el peso sobre los sectores más vulnerables. El Gobierno apuesta a la emergencia y a la progresividad; los gremios, a la defensa de derechos y a la negociación seria. En esa tensión se juega no solo el futuro de las jubilaciones, sino también la credibilidad de la política provincial para enfrentar una crisis que ya golpea a varias provincias.
