El Ministerio de Capital Humano lanzó con estridencia el primer “gemelo digital social” de la Argentina, presentado como un salto histórico hacia la modernización de las políticas públicas. La voz en off del video oficial promete un cambio de paradigma: integrar datos reales, simular escenarios y optimizar decisiones estatales mediante inteligencia artificial. El presidente Javier Milei celebró la iniciativa como un paso hacia el futuro. Sin embargo, detrás del marketing, emergen dudas profundas: ¿qué sucederá con los datos sensibles de millones de argentinos?
La propuesta plantea unificar información de múltiples fuentes en una sola base. Consumos, deudas, historias clínicas, antecedentes judiciales y patrimoniales podrían quedar bajo un mismo sistema. Expertos como Natalia Zuazo advierten que el modelo se asemeja a un sistema de puntuación social, capaz de ordenar la entrega de beneficios, créditos o asistencia según un ranking invisible. Emmanuel Iarussi, investigador del Conicet, recuerda que un gemelo digital es una copia de la realidad para simular comportamientos, pero alerta sobre la falta de claridad respecto a qué datos se usarán y dónde se alojarán.
El anuncio convoca a “los principales actores del mundo” para construir un modelo global. Allí surge el fantasma de Palantir, la empresa fundada por Peter Thiel, que ya ha vendido sistemas similares a gobiernos de distintos países. Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre, advierte que Thiel se ha reunido con Milei y otros funcionarios, y que su presencia en Buenos Aires no es casual: “Palantir es una firma nacida con fondos de la CIA, que promueve la vigilancia como motor económico”.
La experiencia internacional muestra que sistemas de social scoring operan en China, India y Singapur, mientras que la Unión Europea los prohíbe por riesgo de discriminación y estigmatización. En Argentina, la vulnerabilidad es mayor: la Ley de Protección de Datos es del año 2000 y no contempla escenarios de inteligencia artificial ni bases unificadas. Zuazo subraya que la estructura estatal de seguridad informática es débil y cambiante, lo que expone a filtraciones y hackeos.
La Corte Suprema, en un fallo reciente, recordó que el Estado no puede usar libremente los datos de los ciudadanos ni transferirlos entre oficinas públicas sin límites. Ese antecedente podría convertirse en un freno legal a la iniciativa.
El gobierno habla de “políticas basadas en evidencia”, pero paradójicamente desfinancia universidades y el sistema científico, los espacios donde históricamente se produce esa evidencia. La contradicción es evidente: se busca impulsar la IA mientras se debilitan las instituciones que forman a quienes pueden interpretarla y controlarla.
El “gemelo digital social” abre un debate crucial: ¿será una herramienta para mejorar la gestión pública o un laboratorio de vigilancia masiva? La respuesta dependerá de la transparencia, la regulación y la capacidad de la sociedad de exigir que la innovación no se convierta en un mecanismo de control.
