El debate por la reforma previsional en Entre Ríos volvió a tener un capítulo intenso en el Senado provincial. En esta ocasión, fueron los representantes de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y de la Federación de Jubilados y Pensionados quienes expusieron sus cuestionamientos ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
Los dirigentes plantearon con firmeza la inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto, advirtieron sobre el impacto negativo del denominado “aporte solidario” y alertaron que la pérdida de poder adquisitivo de jubilados y trabajadores resentirá de manera directa el consumo y la economía de las pequeñas localidades entrerrianas.
La exposición dejó en claro que el malestar no se limita a un sector: los jubilados remarcaron que la iniciativa amenaza derechos adquiridos, mientras que los municipales señalaron que el ajuste recaerá sobre quienes menos margen tienen para soportarlo. La advertencia sobre el deterioro del consumo interno refleja un problema estructural: si los ingresos de los sectores populares se reducen, las economías locales —basadas en el comercio y los servicios— se ven golpeadas de inmediato.
La discusión en el Senado se convierte así en un espejo de la tensión social que atraviesa la provincia. Por un lado, el oficialismo insiste en la necesidad de “sanear” el sistema jubilatorio para garantizar su sustentabilidad; por el otro, los gremios y organizaciones de jubilados denuncian que la reforma es un retroceso en materia de derechos y un golpe directo al bolsillo de los más vulnerables.
La sesión mostró que el conflicto previsional no es solo técnico o financiero, sino profundamente político y social. La Caja de Jubilaciones se ha transformado en un terreno de disputa donde se cruzan la legalidad, la justicia social y la viabilidad económica.
En este escenario, la voz de los jubilados y municipales resonó con fuerza en el recinto, dejando planteada una pregunta que atraviesa el debate: ¿puede hablarse de sustentabilidad si el costo lo pagan quienes ya cargan con las mayores dificultades?
La respuesta, como quedó demostrado en el Senado, aún está lejos de ser consensuada.
