La última sesión del Senado de la Nación dejó al descubierto no solo el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsados por el Poder Ejecutivo, sino también una radiografía política de cómo votan los representantes entrerrianos en temas que afectan directamente a la ciudadanía. En paralelo, se sancionó la ley de financiamiento universitario, que busca recomponer el presupuesto de las universidades públicas y los salarios de sus trabajadores. Ambas votaciones, aunque distintas en contenido, comparten un eje común: la defensa —o el abandono— de instituciones públicas clave.
Los senadores entrerrianos Stefanía Cora (Unión por la Patria) y Stella Olalla (UCR) votaron en contra de los DNU y a favor del financiamiento universitario. En cambio, Alfredo De Angeli (PRO) mostró una postura ambigua: apoyó algunos decretos, se ausentó en otros, y no acompañó la ley universitaria. Este comportamiento no solo revela diferencias ideológicas, sino también tensiones internas dentro del bloque Juntos por Entre Ríos, que parece atravesar una etapa de desalineación estratégica.
Los DNU rechazados incluían modificaciones en organismos como el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad Nacional. No se trata de simples estructuras burocráticas: son instituciones con décadas de historia, que cumplen funciones esenciales en el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del país. Su desmantelamiento o transformación sin debate parlamentario representa una amenaza directa al federalismo y a la calidad institucional.
En ese contexto, el voto de los senadores entrerrianos adquiere una dimensión que va más allá de lo técnico. ¿Representan realmente los intereses de Entre Ríos o responden a alineamientos partidarios que poco tienen que ver con las necesidades locales? La provincia tiene una fuerte presencia universitaria, con sedes de la UNER, la UADER y la UTN, además de centros de investigación vinculados al INTA y al INTI. Defender su financiamiento y autonomía no es una cuestión ideológica: es una obligación política y moral.
La ausencia de De Angeli en votaciones clave como la de Vialidad Nacional y el financiamiento universitario resulta llamativa. En una provincia donde la infraestructura vial es vital para la producción agrícola, ganadera e industrial, no pronunciarse sobre el cierre de Vialidad es, como mínimo, una omisión preocupante. Y en tiempos donde las universidades enfrentan recortes presupuestarios y dificultades para sostener sus actividades, no acompañar una ley que busca garantizar su funcionamiento es una señal de desconexión con la realidad provincial.
La ciudadanía entrerriana merece representantes que voten con convicción, que expliquen sus decisiones y que prioricen el bienestar colectivo por sobre las estrategias partidarias. El Senado no es un espacio para obediencias ciegas ni para ausencias calculadas. Es, o debería ser, el lugar donde se defiende el interés público con argumentos, presencia y responsabilidad.
¿Representación genuina o obediencia partidaria?
