En tiempos de ruido, de redes sociales que dictan sentencias antes que los tribunales, y de operadores políticos que confunden justicia con conveniencia, conviene detenerse a pensar qué significa ser juez en un Estado de derecho. Más aún, qué implica ser Vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, última instancia judicial de la provincia y último reservorio de las garantías constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas entrerrianos.
Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, escribió: “Soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad”. La frase, tan breve como poderosa, encierra una tensión que atraviesa toda la vida pública: la lealtad personal frente al deber moral. ¿Quién elige la verdad por sobre un amigo? ¿Quién se atreve a aplicar la ley cuando hacerlo implica perder afectos, reconocimiento o poder? La respuesta es incómoda, porque es profundamente antipopular.
Y sin embargo, ese es el mandato del juez. El verdadero juez —el que honra su investidura— es aquel que elige la ley por encima de las pasiones, los premios, los aplausos y las amistades. No se deja seducir por la tribuna ni por el cálculo político. No resuelve para agradar, sino para cumplir. En ese sentido, los Vocales del STJ son, por naturaleza, figuras antipopulares. No porque estén en contra del pueblo, sino porque su función exige una distancia crítica respecto de las emociones colectivas, los intereses sectoriales y las presiones externas.
Claro que no todos los jueces son iguales. Hay quienes han convertido el ejercicio de la magistratura en una carrera de favores, en una pasarela de resoluciones que buscan el aplauso fácil o el guiño de los poderosos. Hay jueces que resuelven para la tribuna, que acomodan la ley al clima político, que confunden prudencia con oportunismo. Pero cuando los operadores se enojan con los Vocales del STJ, cuando los acusan de frialdad o de falta de sensibilidad, muchas veces lo que están señalando —sin quererlo— es su fidelidad a la ley.
Porque aplicar la ley en su sentido más profundo es, muchas veces, ir contra la corriente. Es decir “no” cuando todos esperan un “sí”. Es sostener principios cuando el contexto exige concesiones. Es defender garantías cuando el poder reclama excepciones. Y eso, en una sociedad que premia la inmediatez y castiga la coherencia, es profundamente impopular.
Los Vocales del STJ no están para agradar. Están para garantizar. Para custodiar el equilibrio institucional, para proteger los derechos de las minorías, para evitar que el poder —cualquiera sea su signo— se desborde. Su rol no es político, aunque sus decisiones tengan consecuencias políticas. Su deber no es complacer, sino interpretar y aplicar la Constitución y las leyes.
En Entre Ríos, como en todo el país, el sistema judicial atraviesa tensiones, críticas y desafíos. Pero en medio de ese escenario, es necesario reconocer que la independencia judicial no se mide por la simpatía que despierta, sino por la firmeza con que se sostiene. Y que el respeto por la ley, incluso cuando incomoda, es el mayor acto de justicia que puede ofrecer un juez.
La ciudadanía debe saber que detrás de cada resolución impopular puede haber un acto de coraje institucional. Que detrás de cada fallo que no responde a la lógica del aplauso puede haber una defensa silenciosa de sus derechos. Y que los Vocales del STJ, cuando eligen la ley por encima de todo, están cumpliendo con el mandato más noble de su función: ser guardianes de la verdad, aunque eso les cueste amigos.
