La decisión del intendente Domingo Daniel Rossi de saldar una deuda millonaria con ENERSA mediante la cesión de terrenos municipales no solo encendió las alarmas jurídicas: encendió también una señal de deterioro institucional que debería preocupar a toda la provincia.
La operación, aprobada por el Concejo Deliberante el pasado 12 de septiembre, busca cancelar más de 1.200 millones de pesos en concepto de alumbrado público. Pero lo que parece una solución administrativa es, en realidad, una maniobra que pone en juego el patrimonio público de Santa Elena. ¿Puede un municipio entregar bienes comunes como si fueran fichas de negociación? ¿Puede un intendente eludir sus obligaciones fiscales y luego compensarlas con tierra pública?
La respuesta debería ser un rotundo no. Porque si este precedente se consolida, cualquier municipio podría dejar de pagar sus deudas y luego “negociar” con lo que pertenece a todos. Es el Estado funcionando como un privado, sin controles, sin transparencia, sin responsabilidad.
Pero el caso Rossi no termina ahí. Los organismos de control —el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público Fiscal— ya acumulan documentación sobre compras presuntamente irregulares, realizadas sin autorización del Concejo. Hay denuncias sobre contrataciones sin respaldo legal, subsidios sin reglamentación, y funciones clave ocupadas por personas sin títulos habilitantes. Todo esto configura un esquema de gestión opaco, discrecional y peligroso.
Rossi no es nuevo en estas prácticas. Su historial incluye una condena por enriquecimiento ilícito en 2006, y su estilo de gobierno ha sido marcado por la negación sistemática, la falta de diálogo y el desprecio por los controles institucionales. Hoy, Santa Elena no solo es el principal deudor de ENERSA: es también el espejo de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin límites.
La entrega de terrenos municipales no es una solución: es una advertencia. Es el síntoma de una gestión que ha perdido el rumbo y que pone en riesgo el futuro de una comunidad entera. El control judicial y político debe ser firme, urgente y ejemplar. Porque lo que está en juego no es solo una deuda: es la credibilidad del sistema democrático.
fuente analisis digital
