Este miércoles, el Congreso argentino se convierte en el epicentro de una pulseada institucional que trasciende lo partidario. La oposición intentará revertir los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes que habían sido aprobadas por amplia mayoría: una que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales y otra que declara la emergencia pediátrica en hospitales como el Garrahan.
Ambas normas fueron vetadas bajo el argumento de preservar el equilibrio fiscal. Pero detrás de esa lógica contable se esconde una decisión política que pone en riesgo derechos fundamentales. Porque cuando se recorta en educación y salud, no se está ajustando el gasto: se está debilitando el tejido social.
La ley universitaria proponía una actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, recomposición salarial del 40,8 %, paritarias trimestrales y refuerzo de becas. La ley Garrahan, por su parte, contemplaba mejoras salariales, exención de Ganancias en guardias, compras directas de insumos y fortalecimiento de residencias médicas. Ambas iniciativas respondían a demandas urgentes de sectores que hoy están al borde del colapso.
El oficialismo, lejos de abrir el diálogo, redobló la confrontación. Mientras en el recinto se debate, en las calles se realiza una nueva Marcha Federal con gremios, estudiantes y trabajadores de la salud que exigen que el Congreso defienda lo que el Ejecutivo pretende desmantelar. En paralelo, el Gobierno giró fondos a provincias clave como Entre Ríos, Misiones y Chaco, en un intento por influir en la votación.
La sesión de hoy no es solo legislativa: es simbólica. Es la oportunidad de demostrar que el Congreso puede ser un contrapeso real frente a un modelo de ajuste que no admite matices. Si los vetos se sostienen, será una señal de que el poder se concentra cada vez más. Si se revierten, será una victoria de la institucionalidad y de los derechos que no se negocian.
Porque el Garrahan no se toca. Las universidades tampoco. Y la democracia, cuando funciona, es capaz de poner límites incluso al más férreo de los programas económicos.
