El Ministerio Público Fiscal ha solicitado una pena de 30 años de prisión para el sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, quien ya había sido condenado en dos ocasiones por delitos de abuso sexual y corrupción de menores. Este pedido se realizará en una audiencia virtual presidida por los jueces María Carolina Castagno, Mariano Caprarulo y Fernando Martínez Uncal, en los Tribunales de Gualeguay.
Escobar Gaviria, quien ejerció como párroco en Lucas González, departamento Nogoyá, entre 2005 y 2016, fue condenado inicialmente en 2017 a 23 años de cárcel por cuatro hechos: tres de corrupción de menores agravada y uno de abuso sexual simple agravado. En 2020, recibió una segunda condena de 11 años por otro caso de corrupción de menores. Ahora, la Fiscalía busca unificar ambas penas en una sentencia de 30 años, considerando la gravedad de los delitos y el impacto en las víctimas.
La investigación inicial surgió en 2016, cuando monjas de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas denunciaron el caso de un niño de 11 años que afirmó haber sido abusado por el sacerdote. Este testimonio fue el punto de partida para una serie de denuncias que revelaron un patrón de abuso sistemático. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes y testimonios desgarradores que llevaron a las condenas iniciales.
El caso de Escobar Gaviria ha generado un fuerte impacto en la comunidad, no solo por la gravedad de los delitos, sino también por la confianza traicionada hacia una figura religiosa. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas han señalado la importancia de este juicio como un precedente en la lucha contra el abuso dentro de instituciones religiosas.
Además, este caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad institucional de la Iglesia Católica en la protección de menores y la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir este tipo de delitos. Aunque el sacerdote fue separado de sus funciones tras las denuncias, críticos argumentan que las acciones de la Iglesia fueron insuficientes y tardías.
La audiencia de unificación de penas representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas, quienes han enfrentado años de sufrimiento y estigmatización. La Fiscalía ha enfatizado que la pena de 30 años no solo busca castigar al culpable, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia el abuso y la corrupción de menores.
Con este caso, se espera que se refuercen los mecanismos de prevención y denuncia en las instituciones religiosas y se promueva un entorno más seguro para los menores. La resolución de este juicio será observada de cerca por la sociedad y marcará un precedente en la lucha contra el abuso de poder y la protección de los derechos de los niños.
