La muerte del oficial César Benítez, baleado en circunstancias aún confusas en una zona rural de Feliciano, no puede ser tratada como un hecho aislado. Es una tragedia que desnuda las fragilidades del sistema de seguridad, la precariedad del trabajo policial en zonas rurales y la falta de respuestas institucionales ante situaciones que se repiten con dolorosa frecuencia.
Benítez tenía 38 años y pertenecía a la Brigada de Abigeato, una fuerza que opera en territorios donde el Estado muchas veces llega tarde o no llega. Su muerte, ocurrida tras varios días de agonía en el hospital de Concordia, deja más preguntas que certezas. ¿Qué hacía exactamente en ese operativo? ¿Por qué se manipulaba un arma de fuego en condiciones inseguras? ¿Qué protocolos existen —y se cumplen— para evitar este tipo de desenlaces?
La investigación está en curso, pero el silencio oficial y la falta de explicaciones públicas generan inquietud. No se trata solo de esclarecer si el disparo fue accidental o no. Se trata de entender cómo se trabaja, cómo se protege a quienes nos protegen, y qué nivel de abandono enfrentan los efectivos en zonas rurales, donde el crimen organizado, el abigeato y la informalidad conviven con la desidia estatal.
La muerte de un policía en servicio debería ser un llamado urgente a revisar prácticas, capacitar, equipar y cuidar a quienes patrullan los márgenes del mapa. Pero también debería abrir un debate más profundo: ¿qué tipo de seguridad queremos? ¿Una que se sostenga en la improvisación y el riesgo constante, o una que respete la vida de todos, incluidos quienes visten uniforme?
Hoy, Feliciano llora a uno de los suyos. Pero el duelo no debe ser solo local. Debe ser institucional. Porque cada muerte evitable es una deuda que el Estado no puede seguir acumulando.
