El juez de Garantías Julián Vergara resolvió este 1° de agosto que la causa conocida como “Coimas”, que involucra al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, sea elevada a juicio oral. Se trata de una de las investigaciones más resonantes en la provincia, que expone un entramado de presuntos sobornos, dádivas y contratos amañados entre el Estado y empresas privadas.
¿Qué se investiga?
La causa gira en torno a las presuntas dádivas y sobornos entregados por el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de las firmas Relevamientos Catastrales SA y Relcat, a funcionarios de la administración de Urribarri. Según los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, los pagos irregulares se realizaron en el marco de contrataciones estatales para el desarrollo de software y servicios informáticos.
Entre las pruebas presentadas se destacan:
- Viajes de lujo costeados por Cardona Herreros para Urribarri, su familia y allegados.
- Manipulación de contratos y pagos ficticios para desviar fondos públicos.
- Planillas de distribución de coimas (“PLM”) que detallan montos y beneficiarios.
Los imputados y las penas solicitadas
| Imputado | Cargo durante la gestión | Pena solicitada por Fiscalía |
|---|---|---|
| Sergio Urribarri | Gobernador | 10 años de prisión, inhabilitación perpetua |
| Diego A. Cardona Herreros | Empresario | 9 años de prisión |
| Carlos Haidar | Dir. de Informática | 6 años, multa de $540.000 |
| Miguel Ángel Ulrich | Dir. de Ajustes y Liquidaciones | 4 años y 6 meses, multa de $360.000 |
| Luis Alfonso Erbes | Subsec. de Presupuesto | 5 años, multa de $360.000 |
| Humberto Flores | Sec. de Hacienda | 3 años condicional, multa de $90.000 |
| Guillermo Smaldone | Exministro de Trabajo | 2 años y 8 meses condicional, multa de $90.000 |
Además, se investiga una “adenda” administrativa que habría permitido falsificar fechas en contratos para beneficiar a la empresa de Cardona Herreros sin contraprestación.
Contexto político y judicial
Urribarri ya fue condenado en 2022 a 8 años de prisión en el denominado Megajuicio por corrupción. Esta nueva causa profundiza el perfil de una gestión marcada por vínculos opacos entre poder político y negocios privados, y vuelve a poner bajo la lupa el rol de los organismos de control.
