“La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”

“La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves mantener vigente la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar parcialmente la Ley 27.795 de financiamiento universitario, al desestimar el recurso del Poder Ejecutivo por falta de sentencia definitiva.

El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifica la orden judicial que dispone la actualización de haberes docentes y no docentes y la recomposición de programas estudiantiles, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades públicas.

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización salarial desde diciembre de 2023 y a la recomposición de programas para alumnos. Quedaron fuera, por ahora, la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos de asistencia.

El fallo se inscribe en un recorrido político y judicial complejo: el Gobierno había vetado la ley, el Congreso insistió en su sanción y el Ejecutivo subordinó su aplicación a la determinación de fuentes de financiamiento mediante el decreto 759/2025. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya había advertido que el incumplimiento podía provocar un deterioro salarial grave y afectar el derecho de enseñar y aprender.

En paralelo, el 10 de junio de 2026 el Ejecutivo firmó un acta con el Consejo Interuniversitario y gremios docentes y no docentes, comprometiéndose a un incremento salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios hasta $50.000 millones. Por eso, la decisión de la Corte no tiene efectos económicos inmediatos, pero constituye un aval institucional a la vigencia de la ley.

El expediente de fondo, que discute la constitucionalidad del decreto 759/2025, sigue su curso. Mientras tanto, la resolución del máximo tribunal refuerza la obligación del Estado de cumplir con la norma y garantiza un marco de estabilidad para el sistema universitario público.

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