La Justicia Federal ordenó al Gobierno de Javier Milei restituir más de 100.000 pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja, y devolver los haberes retenidos. El fallo tiene alcance nacional y representa un revés judicial significativo para la gestión.

La Justicia Federal ordenó al Gobierno de Javier Milei restituir más de 100.000 pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja, y devolver los haberes retenidos. El fallo tiene alcance nacional y representa un revés judicial significativo para la gestión.

 

El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca dictó una medida cautelar que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral que fueron suspendidas en el marco del Decreto 843/2024. La resolución, inicialmente limitada a Catamarca, fue extendida a todo el país.
Alcance del fallo
• Restitución inmediata: ANDIS debe reactivar las pensiones suspendidas en un plazo máximo de 24 horas.
• Devolución de haberes: El Estado deberá abonar todos los montos retenidos durante el período de baja.
• Suspensión de auditorías: Se ordena frenar las auditorías que estaban en curso y que derivaban en nuevas suspensiones.
• Prohibición de nuevas bajas: El fallo impide aplicar nuevas suspensiones bajo el marco del decreto vigente.
Contexto político y social
La baja masiva de pensiones por discapacidad generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, familiares y personas afectadas. La medida fue denunciada como arbitraria, regresiva y violatoria de derechos adquiridos. El fallo judicial responde a un amparo colectivo presentado por entidades de derechos humanos y agrupaciones de personas con discapacidad.
Este revés judicial se suma a otros fallos recientes que cuestionan decisiones del Ejecutivo en materia de derechos sociales y electorales. En este caso, la Justicia reconoce que las suspensiones vulneran el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, especialmente cuando afectan a sectores en situación de vulnerabilidad.
Implicancias institucionales
La restitución de las pensiones no sólo implica una corrección administrativa. Es una señal política. El Poder Judicial marca límites a una gestión que ha impulsado recortes bajo el argumento de eficiencia y control. El fallo reafirma que la discapacidad no puede ser tratada como una variable fiscal, sino como una condición que exige protección estatal.
Para el Gobierno, representa un retroceso en su intento de reformar el sistema de pensiones no contributivas. Para los beneficiarios, es una recuperación de derechos que nunca debieron ser suspendidos.

 

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