Editorial: La mentira como estrategia y el límite judicial que llega tarde
El Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe ordenó eliminar publicaciones falsas difundidas contra la candidata Caren Tepp, de Fuerza Patria. Los afiches apócrifos, que circularon en redes sociales y espacios públicos, atribuían a Tepp propuestas que jamás formuló, como “expropiar todos los campos”. La campaña de desinformación fue amplificada por cuentas libertarias y replicada por el propio presidente Javier Milei.
La resolución judicial reconoce el carácter falso del contenido y su potencial para inducir a error al electorado. Ordena su eliminación inmediata. Pero el daño ya está hecho. La mentira, una vez viralizada, no se borra con un fallo. Se instala, se reproduce, se convierte en insumo de campaña.
El uso sistemático de la falsedad
Este episodio no es un exceso aislado. Es parte de una estrategia política que utiliza la desinformación como herramienta de ataque. Se produce un contenido falso, se lo difunde desde cuentas afines, se lo legitima desde el poder. El objetivo no es debatir ideas, sino destruir adversarios. No es convencer, sino manipular.
La intervención del presidente en la difusión de estos contenidos no puede ser leída como un error casual. Es una acción deliberada que busca incidir en el proceso electoral mediante el descrédito y la distorsión. Cuando el jefe de Estado replica una falsedad, no sólo vulnera la equidad democrática: compromete la legitimidad institucional.
El rol de la Justicia
El fallo judicial es correcto, pero insuficiente. Llega tarde, cuando la imagen ya circuló, cuando el mensaje ya impactó, cuando el daño ya se consumó. La Justicia actúa como corrector de una campaña que ya avanzó varios casilleros. Y lo hace sin sanción, sin reparación, sin exigencia de retractación.
Este límite formal, aunque necesario, no alcanza para frenar una práctica que se expande. La política argentina está ingresando en una etapa donde la mentira no es un desvío, sino un método. Y donde el aparato estatal se pone al servicio de la distorsión.
Lo que está en juego
No se trata sólo de una candidata afectada. Se trata de la calidad del debate público. De la integridad del proceso electoral. De la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos. La democracia no puede sostenerse si la falsedad se convierte en herramienta legítima de campaña.
El fallo judicial marca un límite. Pero la sociedad debe marcar otro. Porque si la mentira se naturaliza, si el poder puede difamar sin consecuencias, si la verdad se vuelve irrelevante, entonces el problema no es sólo jurídico. Es político. Y es cultural.
