La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su repudio frente a lo que calificó como un “intento de desguace de las políticas de Memoria”, en referencia al achique del Registro Único de la Verdad y los despidos de trabajadores contratados en el área.
En un comunicado difundido en las últimas horas, el sindicato docente más representativo de la provincia advirtió que estas medidas implican un retroceso institucional y social en la construcción de memoria colectiva sobre los crímenes de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos.
El reclamo de Agmer
La organización gremial señaló que el Registro Único de la Verdad es una herramienta fundamental para documentar testimonios y garantizar justicia en causas vinculadas al terrorismo de Estado.
Denunció que el recorte presupuestario y el despido de trabajadores contratados en el área constituyen un vaciamiento de políticas públicas que fueron conquistadas con años de lucha y compromiso social.
“No se trata solo de puestos de trabajo, sino de la continuidad de una tarea que sostiene la memoria y la verdad frente al negacionismo”, remarcaron desde la conducción sindical.
Contexto nacional y provincial
El pronunciamiento de Agmer se inscribe en un escenario más amplio de ajustes en programas vinculados a derechos humanos a nivel nacional. Diversas organizaciones sociales y sindicales han alertado sobre la reducción de equipos técnicos y la desfinanciación de áreas clave que garantizan el acceso a la verdad y la justicia.
En Entre Ríos, el Registro Único de la Verdad se consolidó como un espacio de referencia para recopilar testimonios de víctimas y familiares, aportando pruebas en juicios por delitos de lesa humanidad. Su debilitamiento, advierten, pone en riesgo la continuidad de procesos judiciales y la preservación de la memoria histórica.
Reacciones y apoyos
Organismos de derechos humanos manifestaron su solidaridad con los trabajadores despedidos y coincidieron en que el recorte constituye un golpe a las políticas de memoria, verdad y justicia.
Desde sectores académicos y culturales también se sumaron voces de rechazo, subrayando que la memoria no puede ser objeto de ajuste ni de desmantelamiento.
Agmer llamó a la comunidad educativa y a la sociedad en general a defender estos espacios como parte de la identidad democrática y del compromiso con el “Nunca Más”.
Un debate de fondo
La discusión abierta por Agmer trasciende lo gremial y se instala en el plano político y social: ¿qué lugar ocupa la memoria en un contexto de ajuste y redefinición del rol del Estado? Para el sindicato, la respuesta es clara: sin memoria no hay democracia plena, y cualquier intento de debilitamiento debe ser enfrentado con unidad y movilización.
