La instalación de radares en rutas de Entre Ríos, presentada como una medida para reducir la siniestralidad vial, vuelve a poner en debate el equilibrio entre prevención y recaudación. Desde Seguridad Vial se insiste en que los dispositivos están ubicados en puntos estratégicos para controlar el exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes en la provincia. Sin embargo, el sistema de sanciones y su impacto en el bolsillo de los conductores genera inquietud.
Las multas por exceso de velocidad equivalen a 300 litros de combustible, lo que representa más de 30.000 pesos. Aunque se ofrece la posibilidad de pagar con descuento dentro de los primeros diez días, el monto sigue siendo elevado para muchos trabajadores que transitan las rutas por necesidad y no por placer. La modalidad de pago online y la incorporación de posnets en los controles son avances logísticos, pero no resuelven el fondo del problema: la falta de una política integral de educación vial.
El control es necesario, pero debe estar acompañado por campañas sostenidas de concientización, señalización adecuada y mejoras en la infraestructura. No alcanza con sancionar si no se educa. No alcanza con recaudar si no se invierte en rutas más seguras. Y no alcanza con instalar radares si no se garantiza que su ubicación responda a criterios técnicos y no a intereses recaudatorios.
En Entre Ríos, donde las rutas son escenario frecuente de tragedias, el Estado tiene la responsabilidad de actuar con transparencia y responsabilidad. Los radares pueden ser una herramienta útil, pero solo si se integran a una estrategia más amplia que ponga en el centro la vida de las personas y no el saldo de las arcas públicas.
