El Fondo Monetario Internacional volvió a poner la lupa sobre la Argentina. Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo y liberar un desembolso de US$1.000 millones, el organismo advirtió que el país mide su inflación con una metodología “desactualizada y poco representativa de la actual canasta de consumo”. En su último staff report, el FMI pidió al Gobierno avanzar en una nueva ley que actualice los valores y modernice el marco institucional del INDEC.
El diagnóstico es contundente: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) argentino sigue anclado en una estructura de gasto de 2004/05, una época en la que ni los servicios digitales ni la economía de plataformas formaban parte del consumo cotidiano. La actualización prevista para 2017/18 quedó suspendida tras la salida de Marco Lavagna y la llegada de Pedro Lines al frente del organismo. Desde entonces, la medición oficial se sostiene sobre una base que no refleja la realidad económica de millones de hogares.
El FMI ofreció asistencia técnica para “fortalecer los arreglos institucionales” y mejorar la calidad de los datos, pero condicionó la publicación del nuevo índice a que el proceso de desinflación esté “firmemente consolidado”. En otras palabras, el Fondo no quiere cambios metodológicos mientras la inflación siga siendo un problema estructural.
El informe también señala falencias en las cuentas nacionales y en las estadísticas del sector externo, con datos incompletos y rezagos de hasta tres meses. La recomendación es clara: mayor precisión, más transparencia y menos improvisación.
El pedido se suma a otras exigencias del organismo: liberar el cepo cambiario, avanzar con reformas tributarias y previsionales, y consolidar un escenario de crecimiento moderado. En ese contexto, la advertencia sobre el INDEC no es menor. La credibilidad de las estadísticas oficiales es el termómetro de la confianza internacional y el punto de partida para cualquier política económica seria.
La paradoja es que el FMI reclama modernización mientras el país atraviesa una etapa de ajuste y recorte de estructuras técnicas. La estadística pública, que debería ser un pilar de soberanía informativa, corre el riesgo de quedar subordinada a los tiempos del Fondo y a las urgencias del Gobierno.
La inflación, más allá de los porcentajes, es también una cuestión de método y de mirada. Medir con una lupa vieja puede distorsionar la realidad y, en consecuencia, las decisiones que se toman sobre ella. El desafío no es solo actualizar la canasta, sino recuperar la confianza en los números que definen el rumbo económico.
