El proyecto presentado por el senador justicialista Víctor Sanzberro para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la Ley Nº 11.140 de emergencia alimentaria en Entre Ríos es mucho más que una iniciativa legislativa: es la confirmación de que la crisis social y económica sigue golpeando con fuerza y que las herramientas excepcionales se han convertido en la única manera de sostener la asistencia básica.
La emergencia alimentaria, aprobada en 2024 y prorrogada en 2025, fue concebida como un mecanismo extraordinario para garantizar la provisión de alimentos con rapidez y efectividad. Incluyó la creación de una Mesa de Diálogo Social con participación de ministerios, universidades, legisladores y organizaciones sociales, que aportó legitimidad y articulación a las políticas de asistencia. Hoy, la propuesta de extender su vigencia ratifica tanto el objeto de la ley como las autorizaciones excepcionales que permiten agilizar compras y ampliar módulos alimentarios.
El argumento central de Sanzberro es claro: la demanda de asistencia alimentaria no solo persiste, sino que crece de manera sostenida. Aunque las estadísticas del Indec sugieran una baja en los índices de pobreza, la realidad cotidiana muestra otra cosa. Miles de hogares que figuran como “no pobres” apenas logran cubrir lo básico, y las mediciones basadas en patrones de consumo antiguos terminan maquillando una situación que en los barrios y pueblos se percibe con crudeza.
La ironía es que la emergencia, pensada como un recurso transitorio, se ha convertido en una política permanente. La prórroga hasta 2026 es necesaria para garantizar que las familias más vulnerables reciban asistencia, pero también es un síntoma de que la crisis no se resuelve, solo se administra. La herramienta es útil, pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cuándo dejará de ser necesario declarar la emergencia para garantizar lo elemental?
La prórroga es, entonces, un alivio inmediato y una deuda estructural. Alivio porque asegura módulos alimentarios y presupuesto para ayuda directa. Deuda porque confirma que la provincia no ha logrado construir un sistema estable de seguridad alimentaria que trascienda la coyuntura. La Mesa de Diálogo Social aporta participación y mirada amplia, pero no alcanza si la política pública se limita a gestionar la urgencia sin atacar las causas profundas de la pobreza y la desigualdad.
Entre Ríos necesita más que prórrogas: necesita un proyecto integral que garantice dignidad alimentaria como derecho y no como excepción. Mientras tanto, la emergencia seguirá siendo la única respuesta posible, y cada extensión de su vigencia será un recordatorio de que la crisis social no se detiene y que la política aún no encuentra el camino para superarla.
