Este miércoles, la Cámara baja protagoniza una sesión especial convocada por bloques opositores para tratar dos proyectos clave: la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la redistribución del impuesto a los combustibles líquidos, impulsada por gobernadores provinciales. El clima es de alta tensión, con varios funcionarios del Gobierno nacional en la mira por presuntas irregularidades.
Reforma de los DNU: un golpe al poder presidencial
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca limitar el uso discrecional de los DNU por parte del presidente Javier Milei. La iniciativa propone:
• Que cada DNU tenga una vigencia máxima de 90 días desde su publicación.
• Que ambas cámaras del Congreso deban aprobar explícitamente cada decreto para que siga vigente.
• Que el rechazo por una sola cámara sea suficiente para invalidarlo.
Este cambio representa una restricción significativa al margen de acción del Ejecutivo, especialmente en un contexto de minoría parlamentaria. El oficialismo considera que esta reforma entorpece la gobernabilidad, mientras que la oposición la defiende como una medida para restablecer el equilibrio institucional.
Coparticipación del impuesto a los combustibles: presión desde las provincias
El segundo eje del debate es el proyecto presentado por gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, actualmente administrado por fideicomisos nacionales. La propuesta busca:
• Reforzar los recursos provinciales ante el ajuste fiscal.
• Recuperar fondos desviados por el Gobierno central.
• Asegurar el quórum en la sesión, usando el apoyo de legisladores provinciales como herramienta de negociación.
Funcionarios en la mira: interpelaciones y denuncias
La sesión también incluye pedidos de interpelación a:
• Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por presuntas irregularidades en contrataciones.
• Mario Lugones, ministro de Salud, por supuestas coimas en la compra de medicamentos para la ANDIS.
• Guillermo Francos, jefe de Gabinete, por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La oposición advierte que, si no hay respuestas concretas, podrían impulsar una moción de censura, mecanismo constitucional que habilita la remoción del jefe de ministros.
La sesión se desarrolla con 130 diputados presentes, el mínimo necesario para habilitar el debate. El oficialismo enfrenta una jornada crítica, donde la pérdida de control sobre los DNU y la presión fiscal desde las provincias podrían marcar un punto de inflexión en su estrategia legislativa.
