En Concordia, la justicia acaba de dictar una condena que suena más a trámite administrativo que a castigo ejemplar. La exconcejal Julia Sáenz y su pareja admitieron haber cobrado peajes ilegales a empleados municipales: un diezmo moderno, donde el contrato laboral dependía de entregar parte del sueldo.
La escena es grotesca: representantes del pueblo que se convierten en cobradores de peaje, traficando influencias como si fueran boletos de colectivo. Y cuando finalmente los atrapan, la confesión se transforma en un atajo hacia la comodidad: tres años de prisión condicional y una multa que, con suerte, se paga en cuotas.
El mensaje es claro: si robás con descaro, pero después lo reconocés con cara compungida, la justicia te ofrece un plan de pagos. La dignidad de los trabajadores, en cambio, no tiene financiamiento ni condicionalidad: se pierde de una vez y para siempre.
Lo más doloroso es que estas prácticas no son excepciones, sino parte de un sistema que normaliza el clientelismo y el abuso. La condena, aunque simbólica, desnuda lo que muchos prefieren callar: que el poder político en nuestros pueblos suele confundirse con la administración de la necesidad ajena.
La ironía final: Sáenz y Gómez fueron condenados por “concusión agravada”. En criollo, por cobrar lo que no les correspondía. Pero la verdadera agravante es que lo hicieron en nombre de la representación popular. Y eso, aunque no figure en el Código Penal, es el delito que más duele.
