El Gobierno envió al Congreso el proyecto de la llamada “Ley Hojarasca”, una iniciativa que busca derogar más de 70 normas consideradas obsoletas o innecesarias. El objetivo declarado es depurar el sistema normativo argentino, simplificar el entramado legal y reducir la carga de disposiciones que ya no tienen aplicación práctica.
La propuesta se presenta como un gesto de modernización institucional: menos leyes que entorpezcan, más claridad para los ciudadanos y para la administración pública. Sin embargo, también abre un debate profundo sobre qué significa “obsoleto” en un país donde muchas normas, aunque antiguas, siguen siendo referencia para sectores específicos.
En medio de este panorama, llega a la redacción de Digital Top otra información clave: la Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en el sistema de selección de jueces federales y nacionales. La iniciativa, firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, plantea exámenes más objetivos, entrevistas con menor peso y concursos anticipados, con el fin de reducir la influencia política en los procesos. La ausencia de la firma del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, refleja diferencias internas que también marcan la agenda judicial.
Así, mientras el Congreso debate cómo limpiar el entramado normativo, la Corte Suprema discute cómo transparentar la selección de jueces. Dos escenarios distintos, pero unidos por un mismo hilo: la necesidad de recuperar confianza en las instituciones.
La “Ley Hojarasca” puede ser vista como un paso hacia la simplificación, pero también como un recordatorio de que la política debe ser cuidadosa al decidir qué se elimina y qué se conserva. Porque detrás de cada norma hay historias, derechos y responsabilidades que no pueden borrarse sin análisis profundo.
