La política argentina vuelve a quedar bajo la lupa por el presunto uso discrecional de fondos públicos para garantizar apoyos legislativos. En los pasillos del Congreso, la pregunta resuena con fuerza: ¿se votan leyes a cambio de plata?. La diputada Marcela Pagano (Coherencia) presentó una denuncia penal contra el Gobierno de Javier Milei, acusándolo de desviar recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) —un fideicomiso financiado por el impuesto a los combustibles líquidos— hacia provincias cuyos gobernadores facilitaron la aprobación de proyectos clave del oficialismo.
Según el escrito, en fechas de votaciones sensibles los desembolsos se dispararon entre un 350 y 400%, cuadruplicando la media habitual. El cálculo de Pagano indica que el Ministerio de Economía giró $68.042 millones en esos días a mandatarios “aliados”, lo que habría permitido al oficialismo obtener mayorías rápidas en iniciativas como la Ley Bases, la reforma laboral o el rechazo a proyectos opositores.
La denuncia apunta directamente al ministro Luis “Toto” Caputo, a la Dirección Nacional de Vialidad, a la Secretaría de Transporte y al propio presidente Milei. El mecanismo, describe Pagano, funcionaba como una suerte de “cajero automático”: los fondos retenidos durante meses se liberaban en la víspera o inmediatamente después de las votaciones, presionando a los gobernadores para que sus legisladores acompañaran al oficialismo.
Los casos más notorios involucran a Misiones y Jujuy, que recibieron montos desproporcionados en comparación con provincias como Buenos Aires o Santa Fe, pese a tener redes viales de menor magnitud. En paralelo, otra diputada, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), denunció que el Gobierno subejecutó el 73,8% de los recursos del SisVial: de 1,038 billones de pesos disponibles, solo se aplicaron $394.406 millones a obras viales, mientras el resto se colocó en inversiones financieras o permaneció inmovilizado en cuentas corrientes.
El trasfondo es claro: el oficialismo habría utilizado un fondo creado en 2001 exclusivamente para el mantenimiento de rutas como herramienta de negociación política. La sospecha de delitos como malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario y negociaciones incompatibles abre un nuevo capítulo judicial que podría comprometer seriamente a la administración libertaria.
Más allá de las responsabilidades penales, el caso desnuda la tensión entre el discurso de “equilibrio fiscal” y la práctica de usar recursos estratégicos para asegurar gobernabilidad. Mientras las rutas nacionales se deterioran y las provincias reclaman inversiones, los fondos se convierten en moneda de cambio para aprobar leyes que impactan directamente en la vida cotidiana de los argentinos.
La denuncia de Pagano y Tolosa Paz instala un debate incómodo: ¿hasta qué punto la gobernabilidad puede sostenerse sobre la base de transferencias discrecionales? Y, sobre todo, ¿qué costo institucional y social tiene que los recursos destinados a infraestructura vial terminen siendo el lubricante de acuerdos políticos en el Congreso?
