La crisis de infraestructura vial en la Argentina suma un nuevo capítulo con la revelación de que, entre enero y julio de 2026, el Gobierno nacional retuvo $784.000 millones del fondo destinado a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales. Estos recursos provienen del impuesto a los combustibles líquidos, que por ley deben transferirse a las provincias para obras viales en un plazo máximo de 60 días. Sin embargo, gran parte de esos fondos fueron inmovilizados o colocados en inversiones financieras bajo el argumento del “equilibrio fiscal”.
El impacto para Entre Ríos es contundente: la provincia debió recibir aproximadamente $36.989 millones, según cálculos de la consultora Galois. Ese dinero habría permitido avanzar en la reparación de corredores estratégicos como la Ruta Nacional 14, la Ruta 18 y la Ruta 12, vitales para el transporte de producción agrícola, el turismo y la conectividad regional. La falta de ejecución no solo frena obras, sino que también incrementa los riesgos de accidentes y eleva los costos logísticos para productores y transportistas.
La subejecución de los fondos viales alcanza un 73,8%, lo que significa que apenas se aplicó una cuarta parte de lo recaudado. Diputados de la oposición, como Marcela Pagano y Victoria Tolosa Paz, denunciaron penalmente al Gobierno por el presunto desvío y uso discrecional de estos recursos. En sus presentaciones judiciales señalan que, en fechas de votaciones clave en el Congreso, los desembolsos se dispararon hasta un 400% respecto de la media, beneficiando a provincias cuyos legisladores acompañaron al oficialismo.
El caso desnuda una tensión estructural: mientras las rutas se deterioran y las provincias reclaman inversiones, los fondos se convierten en herramienta de negociación política y en instrumento de ajuste fiscal. La administración de Javier Milei sostiene que la retención responde a la necesidad de ordenar las cuentas públicas, pero el costo social y económico es evidente.
En Entre Ríos, la falta de casi $37.000 millones se traduce en obras paralizadas, mayor inseguridad vial y pérdida de competitividad para sectores productivos que dependen de una red de transporte eficiente. La situación genera malestar en intendentes y legisladores provinciales, que advierten que el deterioro de las rutas impacta directamente en la vida cotidiana de los entrerrianos.
La discusión sobre el destino de los fondos viales abre un debate más amplio: ¿puede el equilibrio fiscal justificarse a costa de la infraestructura básica del país? ¿Qué consecuencias tendrá para la economía regional que los recursos destinados a rutas se transformen en moneda de cambio político o en instrumentos financieros?
Lo cierto es que, en siete meses, la Nación dejó de distribuir una cifra que equivale a más de dos presupuestos anuales de Vialidad Nacional, y Entre Ríos quedó entre las provincias más afectadas. La consigna oficial de “no hay plata” se traduce, en este caso, en menos rutas, más riesgos y un futuro incierto para la conectividad provincial.
