La discusión por el Salario Mínimo Vital y Móvil volvió a tensar la relación entre sindicatos, empresarios y Gobierno. En la última reunión, los representantes gremiales decidieron abandonar la mesa de negociación, al considerar insuficiente la propuesta empresaria y denunciar la falta de voluntad de alcanzar un acuerdo real.

Los sindicatos reclamaban llevar el salario mínimo a $911.000, cifra que, según argumentan, apenas permitiría recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. La contrapropuesta de las cámaras empresarias fue muy inferior: un incremento del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual desde octubre hasta abril, porcentajes que los gremios calificaron como “irrisorios” y desconectados de la realidad económica de los trabajadores.

Ante la ruptura del diálogo, el Gobierno nacional anunció que fijará el aumento por decreto, en un esquema que busca elevar los ingresos de las categorías más bajas de los convenios colectivos. El objetivo oficial es establecer un piso de $1.070.000 brutos, diferenciando esta medida de la actualización del salario mínimo, pero intentando dar una señal de recomposición en los sectores más postergados.

La salida de los gremios de la mesa paritaria expone la distancia entre las expectativas sindicales y las posibilidades empresarias, en un contexto de inflación persistente y creciente malestar social. Para los trabajadores, el salario mínimo es un parámetro que impacta directamente en asignaciones, programas sociales y convenios colectivos, por lo que su actualización resulta clave para sostener ingresos básicos.

El Gobierno, por su parte, busca mostrarse como garante de un ordenamiento salarial, aunque la decisión de avanzar por decreto abre un nuevo frente de conflicto con las organizaciones sindicales. La incógnita es si el piso de $1.070.000 funcionará como un verdadero punto de partida para recomponer ingresos o si quedará como un gesto político insuficiente frente a la crisis.