La trama de los “adicionales truchos” dentro de la Policía de Entre Ríos sigue generando repercusiones institucionales y judiciales. Esta semana, la Justicia resolvió prorrogar las medidas de protección para una decena de efectivos que denunciaron el mecanismo irregular en el sistema de emergencias 911, un esquema que habría funcionado entre 2023 y 2025 y que expone la vulnerabilidad de quienes se animaron a romper el silencio.
Según la acusación, la modalidad consistía en enviar a policías en actividad a cubrir servicios adicionales, pero registrarlos a nombre de otros agentes que estaban de franco. Estos últimos cobraban el monto por cajero automático y luego lo entregaban a sus superiores, quienes justificaban la maniobra como un aporte para “cubrir gastos diarios del organismo”. En la práctica, se trataba de un circuito paralelo de recaudación que desviaba fondos y generaba un beneficio discrecional para las jerarquías.
La decisión judicial de extender la protección responde al alto riesgo de represalias que enfrentan los denunciantes. En un contexto de fuerte tensión interna, los efectivos que se animaron a exponer el sistema irregular quedaron expuestos a presiones, amenazas y posibles sanciones administrativas. La medida busca garantizar su seguridad personal y preservar la integridad de la investigación.
El caso se inscribe en una serie de denuncias que, en los últimos meses, sacudieron a la fuerza provincial y obligaron al Gobierno a revisar el régimen de adicionales. La revelación de que se utilizaban recursos humanos y financieros de manera irregular puso en evidencia la falta de controles y la discrecionalidad con la que se manejaban los servicios.
Más allá de la protección judicial, el episodio plantea interrogantes profundos: ¿cómo pudo sostenerse durante años un sistema paralelo de recaudación sin que las autoridades lo detectaran? ¿Qué mecanismos de control fallaron? Y, sobre todo, ¿qué garantías existen para que los policías que denuncian irregularidades no terminen siendo víctimas de la misma institución que deberían servir?
La prórroga de las medidas de protección es un paso necesario, pero insuficiente. El desafío es avanzar hacia una reforma estructural que asegure transparencia en el manejo de los adicionales, sancione a los responsables y restituya la confianza en la fuerza. De lo contrario, el riesgo es que las denuncias se diluyan en el tiempo y que los denunciantes queden aislados, mientras el sistema irregular se reinventa bajo nuevas formas.
El caso del 911 es un recordatorio de que la corrupción no solo erosiona las finanzas públicas, sino también la moral y la cohesión de las instituciones. La protección a los denunciantes es un gesto de justicia, pero la verdadera reparación llegará cuando se logre desmontar definitivamente el entramado de los “adicionales truchos” y se garantice que nunca más un policía tenga que elegir entre callar o arriesgar su vida para decir la verdad.
