La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza resolvió trasladar a los padres de estudiantes involucrados en amenazas contra establecimientos educativos los costos generados por los operativos policiales activados ante estos hechos. La medida se enmarca en una escalada de episodios que alteraron la actividad escolar en más de 200 instituciones de la provincia, generando alarma social y múltiples causas judiciales y contravencionales.
Según lo dispuesto, se iniciarán acciones legales para que los adultos responsables afronten los gastos extraordinarios que implican los despliegues de seguridad, bajo el criterio de responsabilidad civil. Cada operativo supone movilización de fuerzas policiales, interrupción de clases, inspecciones y peritajes, costos que ahora serán reclamados directamente a las familias.
La normativa también incorpora el concepto de “deber de garantía”, que obliga a los padres a ejercer mayor control sobre sus hijos antes de ingresar a la escuela. Entre las obligaciones figuran supervisar pertenencias para evitar el ingreso de objetos peligrosos y monitorear redes sociales para detectar amenazas o retos virales.
En paralelo, la DGE dispuso la citación obligatoria de padres de alumnos de nivel primario y secundario para la firma de un acta de notificación formal. El operativo será masivo y deberá abarcar el 100% de la matrícula escolar antes del 6 de mayo. En caso de negativa o ausencia, las autoridades podrán labrar actas y dar intervención a organismos competentes.
La medida se fundamenta en la tipificación de estas conductas como intimidación pública en el Código Penal, lo que implica consecuencias judiciales además de las sanciones económicas. Con ello, el Gobierno provincial busca reforzar la prevención y enviar un mensaje claro: las amenazas en el ámbito escolar no constituyen una broma, sino un delito con impacto institucional, que tendrá consecuencias legales y financieras para las familias responsables.
Este precedente marca un punto de inflexión en la política educativa y de seguridad de Mendoza, al colocar en el centro la corresponsabilidad de los adultos en la protección del entorno escolar y en la prevención de conductas de riesgo que comprometen el derecho de los estudiantes a recibir educación en un ámbito seguro.
