Un fallo del Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por la jueza Mariela Emilce Rojas, condenó a un hombre de 55 años, ingeniero agrónomo y docente jubilado domiciliado en Crespo, a cuatro años y medio de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, tras la admisión de responsabilidad por parte del acusado.
La investigación comprobó que en 2021 el condenado mantuvo a un trabajador rural en condiciones de explotación en un campo de la zona de Crucecita 7ª. El peón realizaba tareas de desmonte, fumigación con agroquímicos, uso de motosierra y maquinaria agrícola sin elementos de seguridad adecuados. Cumplía jornadas de hasta 12 horas diarias y vivía en una casilla precaria, sin servicios básicos ni condiciones mínimas de salubridad.
En cuanto a la remuneración, se estableció que percibía alrededor de 1.500 pesos diarios, abonados cada tres meses, con descuentos por gastos personales. Esta modalidad fue considerada un agravante, al entenderse que el empleador se aprovechó de la vulnerabilidad social de la víctima.
El caso se inició a partir de una denuncia realizada a la línea 145 del programa nacional de rescate de víctimas de trata, con intervención de UATRE y RENATRE. La fiscal María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), impulsó la causa.
Además de la pena de prisión domiciliaria, el condenado deberá pagar una indemnización de 12 millones de pesos a la víctima: un pago inicial de 2 millones ya efectuado y diez cuotas mensuales de 1 millón. El fallo contempla la posibilidad de egresos fundados del arresto domiciliario por motivos laborales o de salud familiar, que deberán ser autorizados por el Juzgado de Ejecución.
Este pronunciamiento judicial constituye un precedente relevante en la provincia, al visibilizar la explotación laboral en ámbitos rurales y reafirmar la vigencia de la normativa contra la trata de personas. La condena combina sanción penal y reparación económica, enviando un mensaje institucional sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo y el respeto a los derechos humanos en el ámbito productivo.
