Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, su discurso fue claro: terminar con la “cultura del subsidio” y reducir al mínimo la intervención estatal en la economía. Sin embargo, dos años después, la realidad muestra un escenario muy distinto. Los planes sociales, lejos de desaparecer, crecieron en cantidad y en peso dentro del presupuesto nacional.
Según datos oficiales y estimaciones de organismos especializados, el número de beneficiarios pasó de alrededor de 4 millones en el último tramo del gobierno peronista a más de 6 millones en 2025. El incremento se explica principalmente por la expansión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que fueron las únicas transferencias que lograron ganarle a la inflación y sostenerse en términos reales.
La paradoja es evidente: mientras jubilaciones, salarios estatales y programas laborales sufrieron recortes, la asistencia directa a los sectores más vulnerables se convirtió en el “amortiguador social” del ajuste. El Gobierno libertario, que prometía menos Estado, terminó reforzando su presencia en los barrios más castigados por la crisis.
Los fabricantes de discursos oficiales insisten en que no se trata de “planes” sino de “transferencias focalizadas”. Sin embargo, para millones de familias, la diferencia semántica es irrelevante: lo que importa es que esos ingresos son la única garantía de subsistencia en un contexto de inflación persistente, caída del empleo formal y aumento de la pobreza.
El debate político se enciende: ¿es coherente sostener un modelo que recorta derechos laborales y jubilatorios, pero expande la asistencia social? ¿Se trata de pragmatismo para evitar estallidos o de una contradicción estructural en el proyecto libertario?
Lo cierto es que la expansión silenciosa de los planes sociales revela una verdad incómoda: el ajuste no puede sostenerse sin un colchón que evite el colapso social. Y ese colchón, hoy, son los mismos programas que Milei prometió eliminar.
La Argentina se encuentra atrapada en un dilema: entre la necesidad de ordenar las cuentas públicas y la obligación de garantizar un mínimo de dignidad para millones de personas. El futuro de los planes sociales será, sin dudas, uno de los grandes campos de batalla políticos y económicos en los próximos años.
