El procesamiento de un policía por empujar a una mujer de 82 años durante la marcha de jubilados al Congreso no es un hecho menor. No se trata solo de una agresión física que dejó lesiones, sino de un golpe simbólico a la confianza ciudadana en quienes deben garantizar el orden y la seguridad.
Cuando la fuerza pública se convierte en protagonista de la violencia contra los más vulnerables, la herida trasciende lo individual: se instala en la memoria colectiva como un recordatorio de que el poder sin control puede volverse abuso.
La sociedad espera de sus instituciones respeto, contención y protección. Un empujón a una jubilada es, en realidad, un empujón a la dignidad de todos. La justicia, al confirmar el procesamiento, envía un mensaje claro: no hay uniforme que habilite la impunidad.
Que este episodio sirva para reflexionar sobre el rol de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, sobre la necesidad de capacitación en derechos humanos y sobre la obligación de cuidar, antes que reprimir. Porque cada gesto de violencia institucional erosiona la confianza que tanto cuesta construir.
