El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció la aparición de tres dispositivos de espionaje en su despacho y en la Secretaría General de la Gobernación. El hallazgo, considerado de extrema gravedad institucional, motivó la presentación de denuncias penales y el inicio de investigaciones internas para determinar responsabilidades.
Los equipos fueron descubiertos por personal de seguridad y la Policía de Entre Ríos en espacios clave de la Casa de Gobierno. Según fuentes oficiales, se trataba de dispositivos con capacidad de transmitir audio y video en tiempo real, lo que refuerza la sospecha de un intento de vigilancia ilegal sobre las máximas autoridades provinciales.
Frigerio confirmó que se radicaron denuncias ante la Justicia Federal y que se abrió una investigación administrativa interna. “Se terminaron las prácticas oscuras. La transparencia y la legalidad no se negocian”, expresó el mandatario, subrayando que su gestión no tolerará mecanismos clandestinos de control.
El hecho generó un fuerte impacto en la escena política entrerriana. Desde el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos se expresó respaldo al gobernador, calificando la situación como “de extrema gravedad” y destacando la decisión de actuar con transparencia.
La oposición, en tanto, reclamó que la investigación avance con rapidez y que se esclarezca si los dispositivos fueron instalados durante gestiones anteriores o por actores externos.
El hallazgo abre interrogantes sobre la seguridad en las oficinas públicas y la confianza en el funcionamiento del Estado. La investigación deberá determinar si se trató de un espionaje interno, externo o vinculado a estructuras políticas previas.
Más allá de las responsabilidades, el caso marca un precedente en la provincia: nunca antes se habían denunciado hechos de espionaje de esta magnitud desde la recuperación democrática.
La denuncia de Rogelio Frigerio no solo expone un episodio de espionaje ilegal dentro de la Casa de Gobierno, sino que también instala un debate profundo sobre la institucionalidad, la transparencia y la seguridad en la gestión pública. El desenlace de la investigación será clave para definir el alcance político y judicial de este escándalo.
