La feroz represión desatada en San Luis contra trabajadores estatales y manifestantes marca un nuevo capítulo de violencia institucional en Argentina. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció múltiples heridos, entre ellos el propio secretario general provincial, Fernando Gatica, quien fue golpeado en el marco de la protesta.
El gobernador Claudio Poggi, señalado como un “mileísta tardío” y “bullrichista retardado” por los gremios, intenta aplicar en la provincia las políticas de ajuste y represión que Javier Milei y Patricia Bullrich promueven a nivel nacional. La consecuencia es clara: más violencia, más persecución y menos derechos para quienes reclaman por salarios y condiciones dignas.
👉 Información que llega a la redacción de Digital Top confirma que la represión incluyó el uso desmedido de las fuerzas de seguridad, con balas de goma, golpes y detenciones arbitrarias. Los organismos de derechos humanos ya han manifestado su repudio y exigen que se garantice el derecho constitucional a la protesta pacífica.
La contradicción es brutal: mientras se habla de libertad y de respeto institucional, se criminaliza la protesta y se hiere a dirigentes sindicales y ciudadanos. San Luis se convierte en espejo de un modelo que busca imponer miedo en lugar de diálogo.
La sociedad argentina debe preguntarse si está dispuesta a aceptar que la represión sea la respuesta oficial frente a la demanda social. Porque cada herida, cada golpe y cada detención injusta no solo afectan a los manifestantes: hieren la democracia misma.
fuente
Roberto Aguilar
