La crisis política se intensificó luego de que el Gobierno nacional promulgara la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendiera su aplicación, alegando falta de financiamiento. La decisión, formalizada mediante el Decreto 681/25, generó una fuerte reacción en el Congreso, que ratificó la norma tras rechazar el veto presidencial por amplia mayoría en ambas cámaras.
La ley, que busca recomponer prestaciones, actualizar pensiones no contributivas y fortalecer talleres protegidos, exige una inversión estimada en más de tres billones de pesos para el ejercicio 2025. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que no puede ejecutarla sin que el Congreso defina las partidas presupuestarias correspondientes, citando la Ley de Administración Financiera como respaldo legal.
Ante esta postura, diputados del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, presentaron una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La iniciativa, encabezada por el cordobés Oscar Agost Carreño, acusa al funcionario de incumplir sus deberes, dictar decretos inconstitucionales y violar la división de poderes.
La moción de censura es una herramienta prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que permite remover al jefe de Gabinete con mayoría simple, sin necesidad de juicio político. Sería la primera vez que se aplica desde su incorporación en la reforma de 1994.
La oposición también cuestionó la decisión del Gobierno de suspender por 40 días las retenciones agropecuarias sin compensación fiscal, lo que consideran una medida electoralista que contradice el argumento de falta de fondos para aplicar la ley de discapacidad.
El conflicto pone en juego no solo la continuidad de Francos, sino también el respeto institucional por las leyes sancionadas democráticamente. Diversos sectores sociales y legislativos exigen que se garantice el cumplimiento de la norma y se priorice la atención a las personas con discapacidad.
